Los miembros de ARCORES España reciben formación sobre cuidado y buenos tratos a la vulnerabilidad
Este jueves, 16 de diciembre, el equipo técnico y los voluntarios de ARCORES España recibieron una formación sobre la cultura del cuidado y los buenos tratos hacia las personas especialmente vulnerables.
En esta jornada, se habló sobre el cuidado como diferencia evolutiva y en la biología, el cuidado en el cristianismo y en San Agustín, la vulnerabilidad, los abusos sexuales en la infancia, las situaciones de especial vulnerabilidad, las señales de alarma de posible abuso sexual y cómo actuar y, finalmente, la prevención de los abusos y la reparación de las víctimas en la Iglesia. Además, se trataron tres casos prácticos.
Según estudios de Save the Children, en Europa, entre el 7 y el 20% de las niñas y del 3 al 10% de los niños han sido objeto de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Además, entre un 10 y un 20% de la población en España ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia. El 20% de los abusos sexuales en la infancia ocurre antes de los 8 años, mientras que más del 95% de los casos no se reporta a las autoridades.
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El Ayuntamiento de Tudela apoya la mejora de una escuela primaria en Sierra Leona
El Ayuntamiento de Tudela ha otorgado una subvención de 16.809,89 euros para mejorar la escuela de educación primaria Nuestra Señora del Camino, en la comunidad de Kabakeh, Sierra Leona.
La escuela fue construida en 1988 y actualmente necesita ser rehabilitada. Se llevará a cabo la demolición y reconstrucción de un bloque escolar,, actualmente en ruinas, de 157,50 m2 con dos aulas y una sala de profesores; la rehabilitación de otro de los bloques de la escuela de 174 m2 con 4 aulas y una pequeña oficina y la rehabilitación de los aseos masculinos y femeninos, que se encuentran en estado muy precario.
La escuela es administrada por los misioneros Agustinos Recoletos de Kamabai y cuenta con el apoyo del gobierno de Sierra Leona. El proyecto es requerido por toda la población local y comunidad educativa. La población local y las familias del estudiantado se comprometen a colaborar en la rehabilitación, aportando materiales locales y mano de obra.
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Ayudafortaleza participa en varios mercadillos solidarios
Esta semana, la ONG Ayudafortaleza, perteneciente a ARCORES, estará presente en varios mercadillos navideños en Madrid.
Del martes 14 al jueves 16 estarán presentes en el campus de Montepríncipe de la Universidad San Pablo CEU, de 10 a 15 horas. Además, el domingo 19 estarán en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe (calle Puerto Rico, 1) de 10:30 a 15 horas, y en la parroquia Nuestra Señora de Buenavista (avenida de las Arcas del Agua, 13, en Getafe), en horario de 10 a 14:30. Por último, participan en el mercadillo solidario online para empleados de la empresa Merck.
El objetivo de estos mercadillos es seguir ayudando a las niñas del Hogar Santa Mónica de Fortaleza (Brasil).
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Ayudafortaleza, en el mercadillo navideño de la Universidad CEU
Los pasados días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre, la ONG Ayudafortaleza, que forma parte de ARCORES, participó, junto con otras siete ONGs en el Mercadillo Navideño organizado en las facultades de Derecho y de Ciencias Económicas y Empresariales de la universidad CEU San Pablo, en Madrid.
El mercadillo ha dado la oportunidad de dar a conocer el trabajo de la ONG, así como el proyecto del Hogar Santa Mónica de Fortaleza (Brasil), al mundo universitario. Desde aquí, damos las gracias al grupo de Pastoral y Voluntariado CEU y a fray Alfonso Dávila por sus gestiones y entrega para esta primera participación en este mercadillo Navideño.
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ARCORES se suma al grupo promotor de la ILP para la Regularización Extraordinaria de Migrantes
ARCORES España, a través de REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario) se ha unido al grupo promotor de la iniciativa legislativa popular (ILP) para la Regularización Extraordinaria de Migrantes, que tiene como finalidad generar un proceso extraordinario de regularización de migrantes en situación irregular. La iniciativa se presentó en el Congreso de los Diputados y el día 22 de noviembre recibió la aprobación por parte de los servicios jurídicos. A partir de ahora, se abren nueve meses de trabajo para la recogida de 500.000 firmas y el trabajo posterior con grupos políticos para que la regulación de la ley garantice los derechos que desde las organizaciones que promovemos la ILP consideramos universales y que debemos garantizar a través de esta iniciativa.
En España se han realizado en los años de democracia hasta seis procesos de regularización extraordinaria, y en todos ellos la argumentación de base venía dada por la evidente correlación entre precariedad laboral y pobreza y la necesidad de construir una prosperidad compartida que irradiara bienestar a todos los sectores. La ILP tiene ese mismo objetivo, pero queda mucho trabajo por hacer en el próximo año.
“La situación de las personas de nacionalidad extranjera y, especialmente, los de origen extraeuropeo es particularmente grave, con una tasa de AROPE (Riesgo de pobreza y exclusión social) que llega al 51,7%, más del doble que la de la población general y casi un 150% más alta de la de las personas de nacionalidad española”. Esta afirmación recogida en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 de España dibuja un rostro muy particular en la configuración del mapa de la pobreza en nuestro país.
La gestión de las fronteras, de la política migratoria, de los programas y marcos de integración y acceso a derechos distan mucho de garantizar un escenario de igualdad en la ciudadanía y de lucha contra la pobreza. Al igual que lo que las entidades que conforman REDES vemos que ocurre en otros países con los que cooperamos, en España también sufrimos bolsas de desigualdad que marginan de los circuitos de inclusión a un espectro de la ciudadanía. En otros países es la infancia, los pueblos indígenas, las minorías étnicas… en nuestras fronteras la pobreza tiene el rostro de una persona migrante.
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ARCORES España invertirá un millón de euros en proyectos sociales
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Enlázate por la justicia… climática
En la culminación de la COP26, las entidades católicas de desarrollo refuerzan su camino común para promover esfuerzos por una lucha justa contra el cambio climático
Las entidades católicas de desarrollo unidas en Enlázate por la Justicia formada por Cáritas, CONFER, CEDIS, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES (en la que está incluida ARCORES), y tras un reciente encuentro territorial con la presencia de grupos de más de 20 diócesis, hacen suya la advertencia del Papa Francisco a las partes reunidas en la reciente COP26 de Glasgow de que “el tiempo se está acabando”.
El objetivo del Acuerdo de Paris de 2015 de no incrementar la temperatura media del planeta desde el inicio de la era industrial hasta el año 2100 en más de 1,5ºC, se aleja ante la dificultad de los firmantes para rubricar los complejos acuerdos multilaterales que se requieren para definir las medidas concretas para abordarlo.
Una crisis socio-ambiental injusta
Desde su trabajo de cooperación con comunidades empobrecidas, las entidades de Enlázate por la Justicia buscan poner de relieve el carácter socio-ambiental de la crisis. No es posible abordar las soluciones a la crisis sin un enfoque transversal que contemple, por ejemplo, cómo las causas ambientales están detrás de las llamadas migraciones climáticas.
En segundo lugar, Enlázate por la Justicia subraya la injusticia inherente a la crisis climática. Por un lado, porque el 50% más pobre del planeta es responsable del 1% de las emisiones mientras que el 1% más rico emite el 70% de los gases de efecto invernadero. Y por otro, porque son las comunidades más vulnerables quienes sufren sus consecuencias en forma de desertificación y sequía entre otras.
La voz de la sociedad civil en los caminos para el acuerdo.
La expectación creada por la cumbre, pone de manifiesto la preocupación de la sociedad civil por los resultados a los que lleguen los mandatarios. Se trata de una muestra de la importancia de la movilización de la ciudadanía, aún insuficiente, y de las organizaciones de la sociedad civil por este proceso en concreto.
Las demandas más reclamadas han sido el incremento, y sobre todo el cumplimiento, con los mecanismos de “Financiación climática” en proyectos de mitigación y de adaptación ante el cambio climático, con importancia para la compensación de pérdidas y daños en los países más pobres. Por otro lado, el clamor de la sociedad civil reclama también medidas relacionadas con la transformación de los sistemas de producción y consumo de alimentos que están directamente relacionados con el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En este contexto de movilización y conciencia ciudadana, las entidades promotoras de Enlázate por www.enlazateporlajusticia.org
la Justicia reclaman una escucha atenta a estas demandas y una mayor posibilidad de participación en los procesos de definición de los acuerdos y en el acceso a unos fondos que quedan casi en exclusiva reservados a los estados.
No desperdiciar la oportunidad de un consenso global incontestable y caminar juntas.
Este clamor ciudadano constituye una oportunidad histórica para conducir la voluntad política y los esfuerzos de cambio de las estructuras y los estilos de vida en nuestras sociedades hacia un sistema más cuidadoso con la casa común.
Siendo consciente de la complejidad de los acuerdos que se requieren, Enlázate por la justicia valora los esfuerzos en la lucha contra la deforestación y las emisiones de metano, así como el incremento y mejora de la distribución de la dotación de los fondos climáticos. Por otro lado, el compromiso de revisión anual de los objetivos para adecuarse al límite de calentamiento global también se entiende como positivo, con la cruz de que no se ha logrado que los acuerdos sean vinculantes, ni sobre todo respondan con la urgencia que la situación exige.
Las entidades de Enlázate por la Justicia continúan apostando por la suma de esfuerzos desde su base social y su presencia territorial colectiva hasta su capacidad institucional para incidir en la Iglesia, en la sociedad, en sus instituciones y representantes en lucha por una justicia climática acorde con la crisis que vivimos. Porque “el tiempo se está acabando y esta oportunidad no debe desperdiciarse, para que no tengamos que enfrentarnos al juicio de Dios por no haber sido fieles administradores del mundo que nos ha confiado” (Carta del Papa Francisco a los mandatarios participantes en la COP26).
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El Ayuntamiento de Salamanca apoya la construcción de cocinas mejoradas en Perú
El Ayuntamiento de Salamanca apoya, con 8.346,20 € el proyecto de construcción de 221 cocinas mejoradas en la comunidad campesinas de Shotorco-Rambrampata, San Carlos-El Socorro y La Unión, en Perú, para promover viviendas saludables y desarrollar conocimientos para el autocuidado de la salud en las familias. Con ello, se asegura la disminución de enfermedades oculares, pulmonares, parasitarias y contagiosas en estas comunidades.
Además, se desarrollarán acciones de acompañamiento, promoción, capacitación y educación en higiene y salud básica (con refuerzo en acciones preventivas y de protección frente a la covid-19), saneamiento, vivienda saludable, cuidado del medio ambiente y alimentación e igualdad de género, dirigidas a los beneficiarios de las comunidades y a la Juntas administradoras de los servicios de saneamiento. e
Las comunidades de Shotorco-Rambrampata, San Carlos-El Socorro y La Unión son comunidades campesinas de ámbito rural, con cultura tradicional andina. Pertenecen a la provincia de Chota, y su población tiene ingresos económicos por debajo del salario mínimo vital (S/. 930.00 al mes, equivalentes a 233.66 €), con un alto índice de las necesidades básicas insatisfechas.
La mayoría de la población tiene estudios primarios incompletos, siendo analfabetos una gran mayoría, especialmente las mujeres. Aunque las condiciones de vida no son favorables, la gente manifiesta un alto grado de unidad como comunidad.
En lo que concierne a la infraestructura de sus viviendas, son construidas a base de barro y se componen de una sola habitación, utilizado para su dormitorio, almacén (con parte de la cosecha de sus productos), crianza de cuyes, cocina y comedor, existiendo tremendo hacinamiento. Los hogares no cuentan con los servicios básicos mínimos de higiene y saneamiento.
Las cocinas tradicionales de los pobladores son 4 piedras grandes y usan como combustible leña. Éstas son muy ineficientes, ya que se aprovecha solo un 10 a 15% de su potencial energético, es por esto que producen grandes cantidades de humo, gases, y considerables partículas de ceniza que, sin una buena evacuación al exterior, llevando a grandes exposiciones de humo y a una polución intradomiciliaria que pone en riesgo la salud de la mujer rural.
Por ello hoy surge la necesidad de abordar este proyecto que permite mejorar la habitabilidad de las viviendas y el saneamiento básico, que inciden en la salud de las personas así como en el cuidado del medioambiente.
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Voluntarios de ARCORES Salamanca se forman y comparten
Jóvenes de la residencia universitaria Agustiniana, que han solicitado participar como voluntarios con ARCORES Salamanca, realizaron una convivencia los días 6 y 7 de noviembre en Martiherrero (Ávila). Los ocho jóvenes estuvieron acompañados en la convivencia por José Mª Bernal, delegado de ARCORES Salamanca y director de la residencia.
Dentro de las actividades previstas, el sábado 6 de noviembre se programó una formación a cargo del equipo de voluntariado de ARCORES España. En concreto, se desplazaron Carmen Montejo, Lorenzo Pérez de Eulate y Hugo Sánchez para trabajar la tarde del sábado con los jóvenes. Se trabajaron temas de la formación básica del voluntariado ARCORES: Solidaridad, Autocuidado y cuidado de personas vulnerables y Comunidad.
ARCORES España, considera la formación un elemento esencial de la experiencia de voluntariado y procura dicha formación para todas las personas que desean ser voluntarias en ARCORES.
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Más de 530 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas ARCORES, piden al gobierno que aborde una Ley de Debida Diligencia
Organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables1 han instado al Gobierno español a que aborde , sin dilación y antes del fin de esta legislatura, el compromiso adquirido de llevar a cabo una Ley de Debida Diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales.
En una carta abierta dirigida al presidente y a las tres vicepresidentas del gobierno, los firmantes, representando a más de 530 entidades sociales, han expresado su preocupación por la falta de acción del ejecutivo en emprender una ley que establezca la obligación a las empresas españolas de respetar los derechos humanos y medioambientales en su cadena de valor y que, asimismo, garantice el acceso a la justicia de las víctimas cuyos derechos hayan sido vulnerados.
Hace ya cuatro años que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas mostró su preocupación por los vacíos del ordenamiento jurídico español y recomendó a España adoptar medidas legislativas en este sentido.
Tanto los partidos del gobierno de coalición, que incluyeron en sus programas electorales la promesa de una ley de este tipo, como el propio gobierno español, han hecho especial énfasis en la implicación activa del sector privado en la defensa y promoción de los derechos humanos y el cumplimiento del principio de debida diligencia, sin embargo las promesas sólo permanecen en el papel. Hasta la fecha los socios de gobierno no parece que estén trabajando en este sentido y se desconocen los pasos concretos para presentar un borrador de ley.
Mientras tanto, países como Francia, Alemania y Noruega ya han aprobado legislación de debida diligencia y otros como Luxemburgo, Austria, Bélgica y Holanda tienen procesos legislativos en marcha. También antes del fin de 2021 la Comisión Europea publicará el primer borrador de directiva de “Gobierno Corporativo Sostenible” que regulará la debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales y que será obligatoria para las empresas europeas.
Este contexto internacional brinda la oportunidad a España de convertirse en referente en el liderazgo y la promoción de los derechos humanos, haciendo de ello un carácter distintivo de las empresas españolas en el exterior. Para ello, España debe abordar sin dilación, antes del fin de esta legislatura, la promesa de llevar a cabo una Ley de Debida Diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales e implementar así la recomendación de las Naciones Unidas.
“En la actualidad hay empresas en España que de manera voluntaria abordan este enfoque en su modelo de negocio y de gestión, pero siguen siendo una minoría. La ausencia de regulaciones adecuadas y la falta de consecuencias por la gestión negligente de los derechos humanos y los impactos ambientales en las cadenas de valor globales significa que hay pocos incentivos para que las empresas aborden esos impactos”, declaró Isabel Tamarit, portavoz de la Plataforma por las Empresas Responsables.
La Plataforma por las Empresas Responsables aboga por una ley que además de establecer la obligación de que las empresas respeten los derechos humanos y medioambientales en su cadena de valor, asegure mecanismos de rendición de cuentas y el acceso a la justicia de las víctimas cuyos derechos hayan sido vulnerados.2
- La Plataforma por las Empresas Responsables está formada por las siguientes organizaciones: Alboan, Anesvad, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Amnistía Internacional, Coordinadora de ONGD (550 organizaciones), Coordinadora Estatal de Comercio Justo (31 organizaciones), Economistas sin fronteras, Enlázate por la Justicia (6 organizaciones), Entreculturas, Fundadeps, Greenpeace, Observatorio de la RSC (12 organizaciones), Oxfam Intermón y USO.
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