El extractivismo provoca víctimas que tienen derecho a la verdad
Homenaje a Monseñor Óscar Romero
Enlázate por la Justicia, de la que forma parte ARCORES, se hace eco de los testimonios de comunidades de América Latina afectadas por las empresas multinacionales del sector minero
La red de entidades de cooperación al desarrollo de la Iglesia católica incide en la consecución de leyes de diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos y empresas iniciadas en España y en la Unión Europea
Hoy se celebra el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, rindiendo homenaje a Monseñor Óscar Romero, asesinado en 1980. Su vocación, en favor de las personas más vulnerables de El Salvador, lleva a Enlázate por la Justicia a comparar la degradación que provoca la minería en América Latina con este tipo de graves violaciones de los derechos humanos, que incluyen los derechos ambientales y que socavan la dignidad de las víctimas.
La visita a Europa de un grupo de responsables de las comunidades y de la Iglesia católica de Brasil, Colombia, Ecuador y Honduras, acompañado por el obispo Mons. Ferreira, propicia el encuentro con la red Enlázate por la Justicia, formada por Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes.
El grupo visitante representa a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), a través de la Comisión Especial de Ecología Integral y Minería (CEEM), y a las comunidades de la Red Iglesias y Minería, a través de la Campaña de Desinversión en Minería. La difusión de esta Campaña, además de la solicitud de un marco legislativo de debida diligencia que garantice el respeto a los derechos humanos y el medioambiente, es uno de los objetivos de la visita y constituye una herramienta concreta para corresponsabilizar a los bancos y grupos inversores a la hora de cambiar el modelo económico extractivista, que genera devastación de la Tierra y las personas.
El valor de la vida en tiempos extractivistas
La ruptura de la presa de Brumadinho, en enero de 2019, un dique minero con aguas residuales de la mina Córrego de Feijão, derramó miles de metros cúbicos de agua y barro tóxico sobre la región. El desastre ambiental enterró a 272 personas y parte del río Paraopeba. Unido a este grave accidente, la mina sigue cobrándose vidas y la culpable de todo esto es la compañía minera Vale.
“Imagina, por un momento, que alrededor de tu casa hay cinco empresas de fundición de minerales que se ponen a trabajar con sus hornos de altísima temperatura y arrojan gases tóxicos, humos y cenizas. Tu casa se llena de polvo, el aire se vuelve irrespirable, las aguas se contaminan, tus plantas mueren, tus mascotas languidecen, tu familia enferma…”. Esta es la realidad que la comunidad de Piquiá de Baixo, en el estado de Marnahao de Brasil, lleva viviendo desde hace más de 30 años.
Los pueblos del suroeste antioqueño de Colombia no se entienden separados de la naturaleza. La evidencia del territorio de las zonas mineras en este país habla de generación de economías ilegales e informales y de grupos armados, que ponen en riesgo la calidad de vida comunitaria. Prefieren un desarrollo regenerativo, en armonía con la vida, y valoran la riqueza de la biodiversidad, también amenazada en el departamento de Putumayo donde hay concesiones mineras para la extracción de cobre, oro, molibdeno y otros minerales.
El 9 de enero de este año fue asesinado Pablo Isabel Hernández, reconocido líder comunitario y comunicador social lenca, por defender los derechos de su pueblo hondureño y de la madre naturaleza, constituyendo un ataque contra la democracia y los derechos de las comunidades.
Un impulso a los procesos legislativos de diligencia debida en derechos humanos y empresas
Los testimonios del grupo de América Latina encarnan la necesidad de elaborar leyes que obliguen a las empresas a respetar los derechos humanos y el planeta. Es necesaria una mayor implicación de los tres agentes que garantizan la reparación de los impactos producidos en este ámbito: empresas, que trabajen para minimizar sus riesgos; Estados que exijan la protección y reparación de los derechos vulnerados, y una sociedad civil, que haga un seguimiento de las situaciones y se comprometa a través de un consumo responsable y una inversión transparente.
Actualmente existen procesos legislativos abiertos en varios ámbitos geográficos. La UE ha lanzado una propuesta de directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Se les exigirá que determinen y, en caso necesario, prevengan, atajen o mitiguen los efectos adversos de sus actividades en los derechos humanos -trabajo infantil, explotación laboral, conflictos, violencia- y en el medioambiente. España está preparando su propia ley, recogiendo los avances, de otros Estados que ya cuentan con una, y las propuestas del Tratado vinculante de Empresas y Derechos Humanos de la ONU. Impulsar estas legislaciones es un objetivo común del encuentro entre Enlázate por la Justicia e Iglesias y Minería, que Enlázate por la Justicia realiza desde la Plataforma por Empresas Responsables.
Una agenda de encuentro, diálogo y trabajo común
La comitiva de América Latina se encuentra con entidades de la Iglesia católica y de la sociedad civil. En Bruselas, se reúne con la COMECE (Comisión de obispos católicos de la UE) y con CIDSE (entidad de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad). En Roma, trabajará con miembros del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral. Visitará España, del 3 al 6 de abril, donde será acompañada por la red Enlázate por la Justicia:
- Madrid, Real Basílica Ntra. Sra. de Atocha, 3 de abril: Charla coloquio, a las 19:00 h., y Eucaristía a las 20:00 h.
- Universidad de Salamanca, 4 de abril: Jornada sobre la futura ley española de protección de los derechos humanos, sostenibilidad y debida diligencia.
- Madrid, sede de Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (Redes), 5 de abril: Encuentro con miembros de Enlázate por la Justicia, a las 10:00 h.
- Sevilla, 5 de abril: Encuentro con miembros de Enlázate por la Justicia. Hora y lugar por concretar.
- Madrid, sede Conferencia Episcopal Española (CEE), 6 de abril: Encuentro con miembros de la CEE y de Confederación de Religiosos de España (CONFER), a las 9:00 h.
Con el objetivo de fortalecer la verdad y defender la justicia, Enlázate por la Justicia se une a los movimientos comunitarios del planeta, a la memoria de Mons. Romero y a la oración del papa Francisco para pedir “a las grandes corporaciones extractivas -mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias, agroindustriales- que dejen de destruir bosques, pantanos y montañas, que dejen de contaminar ríos y mares, que dejen de envenenar a las personas y los alimentos». El grito que resuena en las comunidades martirizadas por las economías extractivas y la histórica violación de la Casa Común clama un cambio profundo en la economía mundial y requiere una acción de amistad social internacional.
Más información en: www.enlazateporlajusticia.org/visita-iym/
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Más de 530 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas ARCORES, piden al gobierno que aborde una Ley de Debida Diligencia
Organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables1 han instado al Gobierno español a que aborde , sin dilación y antes del fin de esta legislatura, el compromiso adquirido de llevar a cabo una Ley de Debida Diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales.
En una carta abierta dirigida al presidente y a las tres vicepresidentas del gobierno, los firmantes, representando a más de 530 entidades sociales, han expresado su preocupación por la falta de acción del ejecutivo en emprender una ley que establezca la obligación a las empresas españolas de respetar los derechos humanos y medioambientales en su cadena de valor y que, asimismo, garantice el acceso a la justicia de las víctimas cuyos derechos hayan sido vulnerados.
Hace ya cuatro años que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas mostró su preocupación por los vacíos del ordenamiento jurídico español y recomendó a España adoptar medidas legislativas en este sentido.
Tanto los partidos del gobierno de coalición, que incluyeron en sus programas electorales la promesa de una ley de este tipo, como el propio gobierno español, han hecho especial énfasis en la implicación activa del sector privado en la defensa y promoción de los derechos humanos y el cumplimiento del principio de debida diligencia, sin embargo las promesas sólo permanecen en el papel. Hasta la fecha los socios de gobierno no parece que estén trabajando en este sentido y se desconocen los pasos concretos para presentar un borrador de ley.
Mientras tanto, países como Francia, Alemania y Noruega ya han aprobado legislación de debida diligencia y otros como Luxemburgo, Austria, Bélgica y Holanda tienen procesos legislativos en marcha. También antes del fin de 2021 la Comisión Europea publicará el primer borrador de directiva de “Gobierno Corporativo Sostenible” que regulará la debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales y que será obligatoria para las empresas europeas.
Este contexto internacional brinda la oportunidad a España de convertirse en referente en el liderazgo y la promoción de los derechos humanos, haciendo de ello un carácter distintivo de las empresas españolas en el exterior. Para ello, España debe abordar sin dilación, antes del fin de esta legislatura, la promesa de llevar a cabo una Ley de Debida Diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales e implementar así la recomendación de las Naciones Unidas.
“En la actualidad hay empresas en España que de manera voluntaria abordan este enfoque en su modelo de negocio y de gestión, pero siguen siendo una minoría. La ausencia de regulaciones adecuadas y la falta de consecuencias por la gestión negligente de los derechos humanos y los impactos ambientales en las cadenas de valor globales significa que hay pocos incentivos para que las empresas aborden esos impactos”, declaró Isabel Tamarit, portavoz de la Plataforma por las Empresas Responsables.
La Plataforma por las Empresas Responsables aboga por una ley que además de establecer la obligación de que las empresas respeten los derechos humanos y medioambientales en su cadena de valor, asegure mecanismos de rendición de cuentas y el acceso a la justicia de las víctimas cuyos derechos hayan sido vulnerados.2
- La Plataforma por las Empresas Responsables está formada por las siguientes organizaciones: Alboan, Anesvad, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Amnistía Internacional, Coordinadora de ONGD (550 organizaciones), Coordinadora Estatal de Comercio Justo (31 organizaciones), Economistas sin fronteras, Enlázate por la Justicia (6 organizaciones), Entreculturas, Fundadeps, Greenpeace, Observatorio de la RSC (12 organizaciones), Oxfam Intermón y USO.
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