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Homenaje a Monseñor Óscar Romero

Enlázate por la Justicia, de la que forma parte ARCORES, se hace eco de los testimonios de comunidades de América Latina afectadas por las empresas multinacionales del sector minero

La red de entidades de cooperación al desarrollo de la Iglesia católica incide en la consecución de leyes de diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos y empresas iniciadas en España y en la Unión Europea

Hoy se celebra el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, rindiendo homenaje a Monseñor Óscar Romero, asesinado en 1980. Su vocación, en favor de las personas más vulnerables de El Salvador, lleva a Enlázate por la Justicia a comparar la degradación que provoca la minería en América Latina con este tipo de graves violaciones de los derechos humanos, que incluyen los derechos ambientales y que socavan la dignidad de las víctimas.

La visita a Europa de un grupo de responsables de las comunidades y de la Iglesia católica de Brasil, Colombia, Ecuador y Honduras, acompañado por el obispo Mons. Ferreira, propicia el encuentro con la red Enlázate por la Justicia, formada por Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes.

El grupo visitante representa a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), a través de la Comisión Especial de Ecología Integral y Minería (CEEM), y a las comunidades de la Red Iglesias y Minería, a través de la Campaña de Desinversión en Minería. La difusión de esta Campaña, además de la solicitud de un marco legislativo de debida diligencia que garantice el respeto a los derechos humanos y el medioambiente,  es uno de los objetivos de la visita y constituye una herramienta concreta para corresponsabilizar a los bancos y grupos inversores a la hora de cambiar el modelo económico extractivista, que genera devastación de la Tierra y las personas.

 

El valor de la vida en tiempos extractivistas

La ruptura de la presa de Brumadinho, en enero de 2019, un dique minero con aguas residuales de la mina Córrego de Feijão, derramó miles de metros cúbicos de agua y barro tóxico sobre la región. El desastre ambiental enterró a 272 personas y parte del río Paraopeba. Unido a este grave accidente, la mina sigue cobrándose vidas y la culpable de todo esto es la compañía minera Vale.

“Imagina, por un momento, que alrededor de tu casa hay cinco empresas de fundición de minerales que se ponen a trabajar con sus hornos de altísima temperatura y arrojan gases tóxicos, humos y cenizas. Tu casa se llena de polvo, el aire se vuelve irrespirable, las aguas se contaminan, tus plantas mueren, tus mascotas languidecen, tu familia enferma…”. Esta es la realidad que la comunidad de Piquiá de Baixo, en el estado de Marnahao de Brasil, lleva viviendo desde hace más de 30 años.

Los pueblos del suroeste antioqueño de Colombia no se entienden separados de la naturaleza. La evidencia del territorio de las zonas mineras en este país habla de generación de economías ilegales e informales y de grupos armados, que ponen en riesgo la calidad de vida comunitaria. Prefieren un desarrollo regenerativo, en armonía con la vida, y valoran la riqueza de la biodiversidad, también amenazada en el departamento de Putumayo donde hay concesiones mineras para la extracción de cobre, oro, molibdeno y otros minerales.

El 9 de enero de este año fue asesinado Pablo Isabel Hernández, reconocido líder comunitario y comunicador social lenca, por defender los derechos de su pueblo hondureño y de la madre naturaleza, constituyendo un ataque contra la democracia y los derechos de las comunidades.

 

Un impulso a los procesos legislativos de diligencia debida en derechos humanos y empresas

Los testimonios del grupo de América Latina encarnan la necesidad de elaborar leyes que obliguen a las empresas a respetar los derechos humanos y el planeta. Es necesaria una mayor implicación de los tres agentes que garantizan la reparación de los impactos producidos en este ámbito: empresas, que trabajen para minimizar sus riesgos; Estados que exijan la protección y reparación de los derechos vulnerados, y una sociedad civil, que haga un seguimiento de las situaciones y se comprometa a través de un consumo responsable y una inversión transparente.

Actualmente existen procesos legislativos abiertos en varios ámbitos geográficos. La UE ha lanzado una propuesta de directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Se les exigirá que determinen y, en caso necesario, prevengan, atajen o mitiguen los efectos adversos de sus actividades en los derechos humanos -trabajo infantil, explotación laboral, conflictos, violencia- y en el medioambiente. España está preparando su propia ley, recogiendo los avances, de otros Estados que ya cuentan con una, y las propuestas del Tratado vinculante de Empresas y Derechos Humanos de la ONU. Impulsar estas legislaciones es un objetivo común del encuentro entre Enlázate por la Justicia e Iglesias y Minería, que Enlázate por la Justicia realiza desde la Plataforma por Empresas Responsables.

 

Una agenda de encuentro, diálogo y trabajo común

La comitiva de América Latina se encuentra con entidades de la Iglesia católica y de la sociedad civil. En Bruselas, se reúne con la COMECE (Comisión de obispos católicos de la UE) y con CIDSE (entidad de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad). En Roma, trabajará con miembros del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral. Visitará España, del 3 al 6 de abril, donde será acompañada por la red Enlázate por la Justicia:

  • Madrid, Real Basílica Ntra. Sra. de Atocha, 3 de abril: Charla coloquio, a las 19:00 h., y Eucaristía a las 20:00 h.
  • Universidad de Salamanca, 4 de abril: Jornada sobre la futura ley española de protección de los derechos humanos, sostenibilidad y debida diligencia.
  • Madrid, sede de Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (Redes), 5 de abril: Encuentro con miembros de Enlázate por la Justicia, a las 10:00 h.
  • Sevilla, 5 de abril: Encuentro con miembros de Enlázate por la Justicia. Hora y lugar por concretar.
  • Madrid, sede Conferencia Episcopal Española (CEE), 6 de abril: Encuentro con miembros de la CEE y de Confederación de Religiosos de España (CONFER), a las 9:00 h.

Con el objetivo de fortalecer la verdad y defender la justicia,  Enlázate por la Justicia se une a los movimientos comunitarios del planeta, a la memoria de Mons. Romero y a la oración del papa Francisco para pedir “a las grandes corporaciones extractivas -mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias, agroindustriales- que dejen de destruir bosques, pantanos y montañas, que dejen de contaminar ríos y mares, que dejen de envenenar a las personas y los alimentos». El grito que resuena en las comunidades martirizadas por las economías extractivas y la histórica violación de la Casa Común clama un cambio profundo en la economía mundial y requiere una acción de amistad social internacional.

Más información en: www.enlazateporlajusticia.org/visita-iym/

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ARCORES España, a través de REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario) se ha unido al grupo promotor de la iniciativa legislativa popular (ILP) para la Regularización Extraordinaria de Migrantes, que tiene como finalidad generar un proceso extraordinario de regularización de migrantes en situación irregular. La iniciativa se presentó en el Congreso de los Diputados y el día 22 de noviembre recibió la aprobación por parte de los servicios jurídicos. A partir de ahora, se abren nueve meses de trabajo para la recogida de 500.000 firmas y el trabajo posterior con grupos políticos para que la regulación de la ley garantice los derechos que desde las organizaciones que promovemos la ILP consideramos universales y que debemos garantizar a través de esta iniciativa.

En España se han realizado en los años de democracia hasta seis procesos de regularización extraordinaria, y en todos ellos la argumentación de base venía dada por la evidente correlación entre precariedad laboral y pobreza y la necesidad de construir una prosperidad compartida que irradiara bienestar a todos los sectores. La ILP tiene ese mismo objetivo, pero queda mucho trabajo por hacer en el próximo año.

“La situación de las personas de nacionalidad extranjera y, especialmente, los de origen extraeuropeo es particularmente grave, con una tasa de AROPE (Riesgo de pobreza y exclusión social) que llega al 51,7%, más del doble que la de la población general y casi un 150% más alta de la de las personas de nacionalidad española”. Esta afirmación recogida en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 de España dibuja un rostro muy particular en la configuración del mapa de la pobreza en nuestro país.

La gestión de las fronteras, de la política migratoria, de los programas y marcos de integración y acceso a derechos distan mucho de garantizar un escenario de igualdad en la ciudadanía y de lucha contra la pobreza. Al igual que lo que las entidades que conforman REDES vemos que ocurre en otros países con los que cooperamos, en España también sufrimos bolsas de desigualdad que marginan de los circuitos de inclusión a un espectro de la ciudadanía. En otros países es la infancia, los pueblos indígenas, las minorías étnicas… en nuestras fronteras la pobreza tiene el rostro de una persona migrante.

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En la culminación de la COP26, las entidades católicas de desarrollo refuerzan su camino común para promover esfuerzos por una lucha justa contra el cambio climático

Las entidades católicas de desarrollo unidas en Enlázate por la Justicia formada por Cáritas, CONFER, CEDIS, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES (en la que está incluida ARCORES), y tras un reciente encuentro territorial con la presencia de grupos de más de 20 diócesis, hacen suya la advertencia del Papa Francisco a las partes reunidas en la reciente COP26 de Glasgow de que “el tiempo se está acabando”. 

El objetivo del Acuerdo de Paris de 2015 de no incrementar la temperatura media del planeta desde el inicio de la era industrial hasta el año 2100 en más de 1,5ºC, se aleja ante la dificultad de los firmantes para rubricar los complejos acuerdos multilaterales que se requieren para definir las medidas concretas para abordarlo. 

Una crisis socio-ambiental injusta 

Desde su trabajo de cooperación con comunidades empobrecidas, las entidades de Enlázate por la Justicia buscan poner de relieve el carácter socio-ambiental de la crisis. No es posible abordar las soluciones a la crisis sin un enfoque transversal que contemple, por ejemplo, cómo las causas ambientales están detrás de las llamadas migraciones climáticas. 

En segundo lugar, Enlázate por la Justicia subraya la injusticia inherente a la crisis climática. Por un lado, porque el 50% más pobre del planeta es responsable del 1% de las emisiones mientras que el 1% más rico emite el 70% de los gases de efecto invernadero. Y por otro, porque son las comunidades más vulnerables quienes sufren sus consecuencias en forma de desertificación y sequía entre otras. 

La voz de la sociedad civil en los caminos para el acuerdo. 

La expectación creada por la cumbre, pone de manifiesto la preocupación de la sociedad civil por los resultados a los que lleguen los mandatarios. Se trata de una muestra de la importancia de la movilización de la ciudadanía, aún insuficiente, y de las organizaciones de la sociedad civil por este proceso en concreto. 

Las demandas más reclamadas han sido el incremento, y sobre todo el cumplimiento, con los mecanismos de “Financiación climática” en proyectos de mitigación y de adaptación ante el cambio climático, con importancia para la compensación de pérdidas y daños en los países más pobres. Por otro lado, el clamor de la sociedad civil reclama también medidas relacionadas con la transformación de los sistemas de producción y consumo de alimentos que están directamente relacionados con el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

En este contexto de movilización y conciencia ciudadana, las entidades promotoras de Enlázate por www.enlazateporlajusticia.org 

la Justicia reclaman una escucha atenta a estas demandas y una mayor posibilidad de participación en los procesos de definición de los acuerdos y en el acceso a unos fondos que quedan casi en exclusiva reservados a los estados. 

No desperdiciar la oportunidad de un consenso global incontestable y caminar juntas. 

Este clamor ciudadano constituye una oportunidad histórica para conducir la voluntad política y los esfuerzos de cambio de las estructuras y los estilos de vida en nuestras sociedades hacia un sistema más cuidadoso con la casa común. 

Siendo consciente de la complejidad de los acuerdos que se requieren, Enlázate por la justicia valora los esfuerzos en la lucha contra la deforestación y las emisiones de metano, así como el incremento y mejora de la distribución de la dotación de los fondos climáticos. Por otro lado, el compromiso de revisión anual de los objetivos para adecuarse al límite de calentamiento global también se entiende como positivo, con la cruz de que no se ha logrado que los acuerdos sean vinculantes, ni sobre todo respondan con la urgencia que la situación exige. 

Las entidades de Enlázate por la Justicia continúan apostando por la suma de esfuerzos desde su base social y su presencia territorial colectiva hasta su capacidad institucional para incidir en la Iglesia, en la sociedad, en sus instituciones y representantes en lucha por una justicia climática acorde con la crisis que vivimos. Porque “el tiempo se está acabando y esta oportunidad no debe desperdiciarse, para que no tengamos que enfrentarnos al juicio de Dios por no haber sido fieles administradores del mundo que nos ha confiado” (Carta del Papa Francisco a los mandatarios participantes en la COP26).