En derechos humanos y mediambentiales

La Plataforma por las Empresas Responsables (PER), de la que forma parte ARCORES, reconoce que la propuesta de la Comisión Europea de debida diligencia empresarial en derechos humanos y medioambiente, significa un punto de inflexión en la lucha para terminar con la impunidad corporativa, pero advierte que sufre de importantes carencias y excepciones que pueden socavar su finalidad.

La PER hace suyas las palabras expresadas por Claudia Saller, directora de European Coalition for Corporate Justice (ECCJ, red europea con la que la PER trabaja para alcanzar una normativa rigurosa en esta materia), al afirmar que “las empresas están cada vez más presionadas para tomar en serio sus responsabilidades sociales y medioambientales. Pero muchas se esconden tras complejas cadenas de suministro para evitar la responsabilidad y esquivar cuestiones complejas. La propuesta de la Comisión es la primera iniciativa de este tipo de la Unión Europea, y eso en sí mismo es pionero, pero no consigue responder a lo que se esperaba de ella».

Evitar abusos

El borrador de directiva propone que las empresas de la Unión Europea que cuentan con más de 500 empleados y una facturación de 150 millones de euros, estén obligadas a establecer medidas específicas para evitar los abusos de derechos humanos y medioambientales a lo largo de sus cadenas de suministro, por medio de la llamada “debida diligencia”. El borrador propone que, en los sectores con un mayor riesgo de explotación, como son el agrícola y la industria de la moda, se aplique a empresas con más de 250 empeleados y una facturación de 40 millones de euros, mientras que las PYME quedarían exentas. Las empresas de países no pertenecientes a la UE que operan en el mercado único y que sobrepasen estos umbrales, también estarían incluidas.

Esta limitación implica que la propuesta de legislación afectaría a menos del 0,2 % de las empresas de la Unión Europea. Esta restricción tan dramática implica que la propuesta ignora de forma deliberada muchas operaciones comerciales dañinas, ya que el tamaño de la plantilla y la facturación anual no son indicadores fiables del impacto de una empresa en las vidas de trabajadores y comunidades en todo el mundo.

De acuerdo con la propuesta de la Comisión, las empresas podrían responsabilizarse de los daños cometidos por sus subsidiarias, subcontratistas y/o proveedores dentro o fuera de su frontera; y las víctimas de estas vulneraciones de derechos podrían presentar denuncias ante juzgados de la Unión Europea. Esto es un paso importante que instaura el derecho al remedio para personas víctimas de malas prácticas corporativas.

Sin embargo, hay una laguna peligrosa que pone en riesgo la eficacia de la ley a la hora de evitar daños más allá del primer eslabón de la cadena de suministro – y que podría impedir que las víctimas puedan hacer responsables a las empresas. El borrador abre la posibilidad a que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones añadiendo ciertas cláusulas en sus contratos con suministradores, transfiriendo el proceso de verificación a terceras partes. Las empresas no deberían poder trasladar sus responsabilidades a sus suministradores, o eludir las consecuencias del daño participando en planes sectoriales de naturaleza voluntaria.

Eliminar barreras legales

El borrador tampoco hace nada para eliminar las importantes barreras legales que impiden a las víctimas llevar ante la justicia los casos de abusos empresariales que se producen fuera del suelo europeo, debido entre otras razones a los elevados costes, la brevedad del plazo de prescripción, el acceso limitado a las pruebas, la limitada capacidad legal y una carga de la prueba desproporcionada.

La directora de ECCJ Claudia Saller afirmó: “El borrador de la Comisión promete un nuevo camino a la justicia y la compensación para los trabajadores, trabajadoras y comunidades explotadas, traumatizadas y heridas. Pero ignora los impedimentos legales importantes que hacen que los juicios resulten costosos, largos y complicados. Por eso la futura ley debe tener un enfoque basado en las víctimas. Si la ley no facilita que las víctimas puedan responsabilizar a las empresas, entonces probablemente no traerá grandes cambios. Y esta falta de responsabilidad perpetuará algunos de los problemas más acuciantes en el mundo de hoy, como el trabajo infantil, la contaminación y la destrucción de la naturaleza”.

La propuesta incluye otros elementos importantes, como por ejemplo el establecimiento de nuevas autoridades supervisoras en estados miembros de la UE para emitir órdenes e imponer sanciones disuasorias. A la hora de acudir a concursos públicos, las empresas tendrán que probar que no han sido sancionadas por incumplimientos de debida diligencia.

Plan de transición democrática

La Comisión quiere que las empresas adopten un plan de transición climática en línea con el objetivo del Acuerdo de París de 1,5 grados. Sin embargo, la propuesta no prevé consecuencias específicas por los incumplimientos de esta obligación, con el riesgo de que sea ineficaz.

Los directivos de las empresas tendrán que incorporar los derechos humanos, el medioambiente y el clima en sus decisiones, y supervisar las actuaciones de debida diligencia. Otras normas de gobernanza empresarial que la Comisión había considerado previamente se eliminaron tras un lobby feroz por parte de grupos empresariales.

Más de medio millón de ciudadanos y 700 grupos de la sociedad civil y sindicatos pidieron a la Unión Europea una ley que eliminase de una vez por todas el trabajo forzoso, los incendios en las empresas y los vertidos petrolíferos. La Comisión ha escuchado, pero no lo suficiente. Podríamos encontrarnos en un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad corporativa, pero antes es necesario resolver las importantes brechas de las que adolece actualmente la propuesta.

Largo camino

La propuesta de la Comisión será sujeta a enmiendas y aprobación por parte del Parlamento Europeo y los gobiernos a lo largo de los meses y años venideros.

Isabel Tamarit, portavoz de la PER, afirma que “el borrador de la Directiva tiene un largo camino por recorrer hasta su aprobación y transposición a las legislaciones de los países miembros. El Gobierno de España es el primer interesado en que se apruebe cuanto antes una ley de debida diligencia en nuestro país, siguiendo el ejemplo de Alemania, Francia, Noruega, y próximamente de Holanda y Finlandia. España tiene la oportunidad de liderar junto a esos países el proceso de discusión de la directiva, sobre todo considerando que en 2023 asumiremos la Presidencia de la Unión Europea. Si se aprueba una ley de debida diligencia en España, si avanzamos en una regulación y en una reflexión interna, vamos a estar mejor posicionados para liderar desde la experiencia el proceso de la Directiva en Europa”. Tamarit añade que “las empresas españolas que proveen productos y servicios a las grandes empresas francesas y alemanas ya tienen que desarrollar su actividad con la debida diligencia en derechos humanos y ambientales. El hecho de adelantarse al resto de países europeos proporcionará a las empresas españolas una ventaja comparativa respecto al resto de empresas europeas”.