La transformación de la política migratoria española no es solo una cuestión de cambios legislativos, sino una profunda demostración de cómo la autoridad moral puede remodelar la legislación nacional. En el centro de este movimiento se encuentran organizaciones de la sociedad civil y redes religiosas como Cáritas, REDES (incluida ARCORES España) y CONFER, que han actuado como «primeros auxilios» para los indocumentados. Estos grupos operan mediante el «acompañamiento directo», proporcionando refugio inmediato y asistencia jurídica a quienes viven en la sombra. Al enmarcar la regularización de los migrantes como una cuestión de dignidad humana fundamental, en lugar de un tecnicismo burocrático, han logrado que la difícil situación de los migrantes irregulares pase de ser un tema marginal en la política a ocupar un lugar central en la conciencia ética de España.

Este marco moral encontró su motor práctico en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), una herramienta democrática que permitía a los ciudadanos proponer leyes directamente al Parlamento. La campaña requirió un esfuerzo logístico monumental para conseguir cientos de miles de firmas, pero su verdadero poder residía en su capacidad para educar al público. Obligó a una confrontación nacional con la realidad de los trabajadores esenciales —niñeras, limpiadores y trabajadores agrícolas— que vivían sin protección. Para personas como Gleen, una niñera filipina, la iniciativa representa un punto de inflexión que le ha cambiado la vida. «Como persona indocumentada, ahora puedo tramitar mis papeles… Puedo ejercer mi derecho al trabajo», afirma. Esta presión popular ha servido de puente entre las preocupaciones aisladas de los migrantes y las prioridades compartidas por la sociedad, fomentando un raro sentido de unidad nacional.

La transición de la defensa a pie de calle a la promulgación de reales decretos —en particular, las reformas históricas de 2005 y 2024— supone la culminación de esta presión sostenida. Los gobiernos rara vez promulgan regularizaciones masivas sin un mandato claro, y la red religiosa y civil proporcionó la «cobertura política» que los legisladores necesitaban para actuar. Este reconocimiento legal transforma a una «población en la sombra» en una población reconocida, otorgándole un acceso vital a la asistencia sanitaria y la seguridad social. Marie, una cuidadora filipina indocumentada que se mudó de Ámsterdam a Madrid en busca de una vida mejor, destaca lo que está en juego: «Sin papeles… solo recibo una cantidad no regulada por mi trabajo. Con esta nueva ley, mis derechos y mi bienestar estarán protegidos». Al integrar a estos trabajadores, el Estado no solo defiende los derechos humanos, sino que fortalece la economía nacional mediante el aumento de las contribuciones fiscales.

A pesar del impulso, el movimiento tuvo que hacer frente a una oposición significativa, en particular a la teoría del «factor de atracción», que sugiere que la legalización fomenta las llegadas irregulares. Las ONG religiosas respondieron a esto argumentando que es la economía informal en sí misma, y no la promesa de obtener documentación, lo que constituye el principal atractivo. Sostuvieron que sacar a los trabajadores «a la luz» es la única manera de garantizar el estado de derecho y evitar la explotación. Este razonamiento económico resultó decisivo: la formalización del empleo amplía la base impositiva y evita la supresión artificial de los salarios, lo que garantiza una competencia leal en todo el mercado laboral. Organizaciones como ARCORES España continúan hoy con esta misión, integrando las preocupaciones de los migrantes en proyectos sociales como el proyecto Lengua Escolar, que proporciona asistencia lingüística a las trabajadoras filipinas para ayudarles a navegar en su proceso de integración.

En última instancia, la presión para conseguir «papeles para todos» se ha convertido en un catalizador de la cohesión social. Más allá de los balances fiscales, la regularización permite a las familias participar plenamente en la vida cívica, lo que refuerza el tejido social de las comunidades españolas. El Real Decreto resultante constituye un hito para la democracia, ya que demuestra que la ley es más eficaz cuando refleja la realidad que viven las personas. Sirve como un poderoso recordatorio de que, aunque las leyes se debaten en las salas del Parlamento, a menudo nacen en las calles y parroquias, donde comienza la incansable lucha por la dignidad humana.