Un paso hacia la justicia social y el reconocimiento de quienes contribuyen al desarrollo del país
Arcores celebra el anuncio del Gobierno de España sobre el inicio del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular, fruto del acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos que será aprobado en el Consejo de Ministros de hoy. Esta medida, que permitirá a alrededor de medio millón de personas acceder a la residencia legal hasta el 30 de junio de 2026, representa un acto de justicia social y un reconocimiento a todas aquellas personas que, pese a vivir en situación irregular, llevan tiempo contribuyendo con su trabajo y esfuerzo al desarrollo de nuestro país.
ARCORES España, como parte de la red de entidades que ha impulsado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la regularización, considera que esta medida extraordinaria es un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería (RD 1155/2024), que entró en vigor en mayo de 2025.
Si bien el Reglamento supuso un avance importante, dejó fuera a numerosos colectivos vulnerables que nuestras entidades acompañan diariamente:
Personas sin posibilidad de acreditar los años de permanencia exigidos
Personas indocumentadas con dificultades para acceder a la cédula de inscripción
Personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad o enfermedad
Trabajadores y trabajadoras que no logran presentar un contrato formal previo
Solicitantes de protección internacional denegada
Familias con menores en situación irregular
Esta regularización extraordinaria es el resultado del trabajo de más de 900 organizaciones que durante cuatro años han impulsado la ILP, recabando más de 600.000 firmas y manteniendo un diálogo constante con actores políticos y sociales.
El 9 de abril de 2024, la toma en consideración de la ILP en el Congreso de los Diputados obtuvo una amplia aprobación, demostrando que se trata de una demanda respaldada por amplios sectores de la sociedad.
Según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, casi nueve millones de personas migrantes viven en España, y el 68% de quienes están en situación irregular se encuentran en exclusión social. Los datos de Cáritas revelan que el 47% de las personas acompañadas en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale a aproximadamente 550.000 personas.
En un contexto internacional de recrudecimiento de las políticas migratorias y cierre de fronteras en buena parte de Europa, España da un paso en sentido contrario: reconocer administrativamente a quienes ya forman parte de nuestra sociedad.
Comunicado Entidades de la Iglesia
