El Plan de Protección del Menor que ARCORES y EDUCAR llevan a cabo en los centros educativos de la familia agustino recoleta de España ha comenzado su segunda fase. Durante este año se trabajarán los últimos seis talleres y se establecerán las bases para garantizar la sostenibilidad del sistema de protección en los colegios.
En primer lugar, la segunda fase completará la formación de toda la comunidad educativa -docentes, personal no docente, alumnos y familias-, así como implementará el sistema y sus herramientas básicas. Asimismo, se diseñará un plan de formación continua que quede integrado en el curriculum educativo del centro, ademas de consolidar las estructuras y protocolos sobre protección del menor.
Esta fase ha comenzado con la realización de una sesión de formación impartida por el grupo de estudios sobre protección del menor del Centro Universitario Cardenal Cisneros. Al igual que el año anterior, los coordinadores de la comisión de protección del menor de cada centro recibirán una formación más especializada. Se trabajará a la vez en el funcionamiento de las comisiones de protección del menor en los centros. También se realizará una evaluación continua del sistema que permita identificar los resultados que se han ido consiguiendo.
Sobre el Plan de Protección del Menor
El objetivo del Plan de Protección del Menor es fomentar el buen clima escolar, tanto desde el buen trato como desde la protección y prevención. De esta forma, se busca incrementar la concienciación en los alumnos, las familias y el personal de los centros para que sean capaces todos de prevenir de forma efectiva los posibles casos de maltrato o abuso en las aulas o fuera de ellas.
El Plan es un proyecto sistematizado; un proceso que incluye formación, educación y sensibilización. Para ello, se trabaja en red entre ARCORES, EDUCAR y todos los centros educativos, así como con otras organizaciones como el Centro de Protección de Menores de la Universidad Pontificia Gregoriana, que se encarga de la formación online.
El proyecto se dirige a toda la comunidad educativa: alumnos, familias y personal del centro. Aproximadamente 9.000 alumnos, 6.000 familias y 500 docentes y no docentes, recibirán formación sobre protección y derechos de menores.
